Crónica de un juicio oculto: 20 de abril de 2015

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Lunes 20 de abril de 2015
11:30 am – 1:10 pm

Asistieron Leopoldo López, los cuatro (4) estudiantes: Angel González, Demian Martin, Marcos Coello y Christian Holdack con sus respectivas defensas; los fiscales Narda Sanabria y Franklin Nieves, y familiares de los acusados.

La Fiscalía  presentó como testigos a tres detectives del CICPC que presenciaron la protesta el 12 de febrero del 2014.  Los testigos repitieron testimonios similares a los escuchados por otros funcionarios del CICPC: que el día de la manifestación estudiantil estaban en la sede del CICPC, que recibieron una llamada radiofónica y acudieron a resguardar el edificio de la Fiscalía. El tercer testigo dijo que vio cuando otros funcionarios detuvieron a algunos manifestantes, pero no vio la causa de la aprehensión.

Luego de los testimonios y los interrogatorios,  Leopoldo López pidió la palabra como su derecho a la defensa. Comenzó su intervención haciendo un recuento de las recientes declaraciones internacionales que defienden la democracia en Venezuela, denuncian la persecución  judicial contra los disidentes, y exigen la liberación de los presos políticos. Primero, hizo referencia a la “Declaración de Panamá  sobre Venezuela” suscrita el 9 de abril de 2015 por 26 Ex Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco de la VII Cumbre de las  Américas. Asimismo, López hizo referencia a las declaraciones de los Senados de  Chile  y Colombia, y al Congreso de España. Dijo que estas declaraciones representan que,  diversas tendencias políticas, defienden el Estado de Derecho, el pluralismo político, condenan las violaciones de DDHH en Venezuela y exigen la liberación de los presos políticos.

En segundo lugar, Leopoldo López le informó a la jueza Susana Barreiros que el líder socialista, Felipe González ha manifestado públicamente su intención de unirse a su defensa en este proceso judicial y  le solicitó a la jueza que acepte la participación del Dr. González en carácter de asistencia técnica. López le recordó a los presentes, que Felipe González participó en la defensa de presos políticos durante la dictadura de Pinochet en Chile.

Seguidamente, López se dirigió  a la audiencia manifestando su preocupación ante la crisis política, económica y social que atraviesa el país, la cual se ha deteriorado profundamente desde las protestas del 2014. Se refirió a la manifestación del día de hoy de los policías en Caracas, quienes exigen seguridad, ya que la semana pasada 8 policías fueron asesinados en la capital. También se refirió a los escándalos internacionales sobre la corrupción en Venezuela, y como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no han realizado investigaciones sobre esta situación. En este momento, la Fiscal Narda Sanabria interrumpió bruscamente a Leopoldo, objetando su declaración ya que asegura que no está relacionada a los hechos del 12 de febrero de 2014. El abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, manifestó que la declaración  si está relacionada a los hechos, ya que López es acusado por denunciar al gobierno de ineficiente, represor y corrupto. La jueza Barreiros aceptó la objeción de la Fiscal Sanabria, evidenciando que quieren callar al líder político en la calle y en el juicio.

López dijo que no lo podrán callar, que el seguirá denunciando a este gobierno ineficiente y corrupto, y recordó que el está siendo juzgado por su discurso, por sus palabras en un juicio oculto, sin periodistas, sin observadores y concluyó que cada día tiene mas fuerza espiritual y moral para continuar luchando para que se logre el cambio y se restituya la democracia en Venezuela.

Congreso de España pide liberación inmediata de presos políticos en Venezuela

REDACCION I Acción por la Libertad

15 de abril de 2015

Luego de un intenso debate entre los partidos que hacen vida en el Congreso de los Diputados de España, se aprobó, el día martes 14 de abril de 2015, una proposición no de ley donde se “insta al Gobierno a que tome todas las iniciativas pertinentes -ante la comunidad internacional, en el marco de la Unión Europea, en los organismos internacionales en los que España tiene representación y ante el propio Gobierno de Nicolás Maduro- para lograr la liberación inmediata del líder de Voluntad Popular Leopoldo López, del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y de los demás opositores, estudiantes y manifestantes arbitrariamente encarcelados en Venezuela en el contexto de las protestas pacíficas iniciadas en enero de 2014”.

La iniciativa hace mención a pronunciamientos realizados por diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que califican de detención arbitraria e ilegal las detenciones realizadas a dirigentes opositores, así como los pronunciamientos emitidos por el Parlamento Europeo, Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Club de Madrid y gobierno de los Estados Unidos de América.

Asimismo, también resalta que “ningún tribunal ha podido avalar las acusaciones presentadas contra Leopoldo López. Además, su juicio ha sufrido múltiples aplazamientos y desde diferentes instancias internacionales se ha transmitido la necesidad de que Leopoldo López sea puesto en libertad y que el proceso evite irregularidades y arbitrariedades.”

La diputada del Partido Popular (PP) Cayetana Álvarez de Toledo quien fue la encargada de emitir el discurso de orden, manifestó que: “Venezuela no es una democracia populista, ni híbrida ni formal, sino una dictadura, y que defender la democracia venezolana es defender la española como así lo han entendido los ex presidentes José María Aznar y Felipe González en la declaración que han impulsado en apoyo a los opositores.”

La iniciativa pactada entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a través de su diputado Juan Moscoso, contó el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Catalán (CiU) y el centristas (UPyD), mientras que el partido Izquierda Plural, Amaiur (vasco), ERC (catalán) y BNG (gallego) la rechazaron.

Fueron invitados a la sesión, activistas de Voluntad Popular y Primero Justicia, quienes hicieron acto de presencia ante importante apoyo del Congreso de los Diputados de España a los presos políticos venezolanos.

Declaración de Panamá sobre Venezuela de los ex Jefes de Estado y de Gobierno

Ciudad de Panamá

Quienes suscribimos el presente documento, ex Jefes de Gobierno y de Estado Iberoamericanos, invitados por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y preocupados por el curso que toma la grave alteración institucional, política, económica y social que afecta sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos, hacemos constar lo siguiente:

La democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la solidaridad entre los Estados, consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares, tal y como consta en la Declaración de Santiago de Chile adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1959, luego ampliada y desarrollada por la Carta Democrática Interamericana de 2001.

No obstante ello, el gobierno de Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos y sostiene una política de no reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos dictados por los órganos internacionales e interamericanos de tutela de derechos humanos, afectando gravemente el derecho al amparo internacional de derechos que consagra la Constitución de dicho Estado en beneficio de todas las personas.

En lo particular, es manifiesta la ausencia de independencia de la Justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia de grupos para estatales armados y de apoyo al mismo gobierno, y el ambiente de total impunidad, a cuyo efecto se le exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre otros del dirigente democrático Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.

Sucesivamente, funcionarios de la policía política, sin rostros visibles, sin mediación judicial ni procedimiento de investigación previo, apresan por la fuerza al Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien es la segunda autoridad civil de elección popular más importante en la capital de Venezuela, y hoy se le mantiene recluido junto a otros presos políticos, en una prisión militar; hecho que, siendo atentatorio del ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, lo anuncia y celebra el Presidente de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión – imponiendo previamente un black out informativo sobre la actuación arbitraria e ilegítima de sus funcionarios – acusando luego a Ledezma de suscribir junto al preso político Leopoldo López y la diputada María Corina Machado una opinión política en la que afirman el carácter antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro y señalan las vías constitucionales que, a juicio de éstos, permitirían superar de conjunto la crisis venezolana.

Rige en Venezuela, además, una hegemonía comunicacional de Estado, decidida por el mismo gobierno desde noviembre de 2004 en su documento La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana. Al efecto, se han dictado leyes de control de contenidos de la información y para el incremento de las sanciones penales por delitos de desacato, promoviéndose la censura y la autocensura de la prensa. La violencia contra periodistas, columnistas y twitteros tiene carácter sistemático y se les criminaliza. Han sido cerrados medios de comunicación social independientes, sea por decisión oficial o propia, por falta de insumos o papel periódico cuya importación controla el Estado, tanto como se han suspendido las señales de medios extranjeros o han expulsado a sus periodistas del territorio nacional.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, en su Informe de 2013 da cuenta, por una parte, que “en Venezuela se ha producido un proceso de reformas estructurales del marco jurídico y de aplicación de políticas públicas que han debilitado las garantías del derecho a la libertad de expresión en el país” y, por la otra, hay un “uso persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios públicos para descalificar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden información contraria a los intereses del Gobierno venezolano”.

Desde 2009 la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos “considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela”.

Dentro de dicho contexto, en medio de la aguda crisis venezolana mencionada, signada por la persecución y judicialización de la oposición democrática, el gobierno se ha hecho ahora de una “ley habilitante” a fin de legislar por vía de decretos ejecutivos sobre todas las materias del orden constitucional y para establecer sanciones, incluidas las penales, arguyendo la inminencia de un conflicto internacional e interior, y obviando la necesaria declaratoria – si fuese el caso – de un estado de emergencia que le obligaría someterse al control judicial y su observación por los organismos internacionales de derechos humanos.

Por lo mismo, cabe observar que sin la efectiva vigencia de un sistema de separación e independencia de los poderes públicos, que permita el control de los mismos, ninguno de los componentes esenciales de la democracia a los que alude la misma Carta Democrática Interamericana pueden llegar a tener verdadera

aplicación en Venezuela; es decir, no puede haber posibilidad real de exigir y controlar la transparencia y probidad de las actividades gubernamentales, y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; no hay forma de garantizar el efectivo respeto de los derechos sociales ni la libertad de expresión y de prensa; no se puede asegurar la subordinación de todas las autoridades del Estado, incluyendo la militar, a las instituciones civiles del Estado; en definitiva, no se puede asegurar el respeto al Estado de derecho.

La alteración constitucional y democrática que sufre Venezuela se profundiza, asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por una parte, de los señalamientos y evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre actos de corrupción y lavado de dineros agravados que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos y, por otra parte, al constatarse el derrumbe de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de los precios del crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de políticas públicas propias de una economía sana y moderna, que ha contribuido al señalado clima de corrupción y la dilapidación gubernamental de la riqueza nacional.

Ello ha generado una serie de problemas y desbalances en la economía venezolana, que van más allá de la caída internacional de los precios del petróleo y se han profundizado notablemente durante los últimos años. Éstos y aquéllos se presentan en los ámbitos fiscales, monetarios, financieros, cambiarios, petroleros y reales, dando lugar a una recesión muy profunda en el país y a una galopante inflación que mina la capacidad de compra y los ingresos familiares, acentúa la pobreza, genera desempleo y deteriora la calidad de vida de la población, particularmente la de aquellos que menos tienen.

Un gasto gubernamental desbocado y desordenado que cada vez se distancia más de sus ingresos, ha generado enormes y crecientes déficits, que hoy ya alcanzan niveles equivalentes a cerca de 20% del PIB. Eso no solo ha hecho que la deuda pública se incremente notablemente, particularmente la interna, sino también que el gobierno haya forzado al Banco Central de Venezuela (BCV) a financiar buena parte de esa brecha a través de la creación masiva de dinero sin respaldo que, a su vez, se ha traducido en un crecimiento dislocado de la oferta monetaria.

Así las cosas, cuando los consumidores acuden a los mercados o farmacias no encuentran los productos que buscan, pues la oferta se restringe cada vez con mayor intensidad, debido a:

  • la hostilidad gubernamental a las pocas empresas privadas que subsisten a las ya expropiadas o confiscadas en procura de una economía de Estado;
  • la imposición de restricciones de todo tipo a productores y comercializadores, entre ellas controles desmedidos de precios sin tomar en consideración el comportamiento de los costos, condenando a muchos a trabajar a pérdida;
  • los muy limitados accesos a las divisas dentro de una economía que poco produce y casi todo lo importa, acumulándose deudas con los proveedores externos;
  • la ineficacia creciente de las empresas públicas, muchas de ellas expropiadas o expoliadas al sector privado, que al pasar a manos del Estado producen mucho menos que antes.

    En consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con nuestra palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociaciones que permitan abrirle senderos a una solución no violenta a la mencionada crisis, nos permitimos alertar sobre ello a los gobiernos de nuestros países y a la Cumbre de las Américas, así como expresar nuestro parecer en los términos siguientes:

    1. a)  La severa crisis democrática e institucional, económica y social que afecta a Venezuela y a todos los venezolanos no admite sino soluciones negociadas y sería irresponsable y hasta criminal reducirla o desfigurarla, en su origen y efectos, a una suerte de confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el llamado imperialismo norteamericano, o atribuirla a la mera caída de los ingresos petroleros.
    2. b)  Venezuela, a corto plazo y dentro del complejo ambiente que la afecta, signado por la persecución política de los opositores y la ausencia separación de poderes como de balances institucionales, vivirá un proceso electoral para la renovación de los representantes de la soberanía popular en la Asamblea Nacional; dado lo cual, sólo una observación internacional autorizada, imparcial, y técnicamente calificada, que acepte el Poder Electoral actualmente bajo control de militantes gubernamentales, podrá contribuir con la existencia de garantías para el debate político libre y el carácter justo, equitativo y transparente de los comicios planteados.
    3. c)  La corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes en Venezuela se logrará a través de la implementación de un amplio y complejo plan de ajuste, que incluye múltiples componentes como la racionalización del gasto gubernamental, la eliminación del financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central de Venezuela, la ampliación y diversificación de la producción interna; el estímulo y promoción de la inversión reproductiva; la desregulación de la economía. Pero su implementación, de suyo difícil y orientada a corregir los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes, puede generar efectos inmediatos que golpearían a toda la población, pero en especial al segmento de más bajos ingresos. Y ello reclamará la existencia de un liderazgo capaz de producir consensos democráticos, movilizar y asegurar un amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades.
    4. d)  La corrección de los severos desequilibrios que hoy se padecen en Venezuela exige un cambio radical en el manejo de la cuestión económica, un giro en su modelo político y económico, que tiene que hacerse dentro de un contexto de mucha amplitud. A su vez, tiene que responder a un esfuerzo que ayude a crear las condiciones que aseguren el éxito en la implementación ulterior de un plan de desarrollo sustentable de largo alcance; que busque no solo el progreso sostenido en lo económico, sino también la consecución de los objetivos de desarrollo permanente en materia política, institucional, social, ambiental, tecnológica, científica, cultural y de renovación ética. Solo así podrá salir Venezuela del atolladero que la atenaza, y logrará alcanzar el desarrollo y el progreso sustentable al que tiene derecho y deben aspirar todos los venezolanos, sin distinciones de ningún género.

En suma y como desiderata cabe concluir que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las garantías democráticas representativa y participativa establecidas en la Constitución, de manera de asegurar su independencia y autonomía, comenzando por el Poder Electoral y a fin de que puedan asegurarse con imparcialidad, el desarrollo de elecciones libres y justas.

Así lo refrendamos, en el día de hoy, nueve de abril de dos mil quince.

Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá Belisario Betancur, Colombia Armando Calderón Sol, El Salvador Felipe Calderón, México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica Laura Chinchilla, Costa Rica Alfredo Cristiani, El Salvador Eduardo Duhalde, Argentina Vicente Fox, México
Felipe González, España
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto Lacalle, Uruguay
Luis Alberto Monge, Costa Rica Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia Sebastián Piñera, Chile
Jorge Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica Julio María Sanguinetti, Uruguay Alejandro Toledo, Perú
Álvaro Uribe, Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Es auténtico:
José María Aznar

Andrés Pastrana

Amnistía Internacional insta a liberar a Daniel Ceballos

amnesty2Redacción I 27 de marzo de 2015

Rostros de la impunidad, así se titula el más reciente informe presentado por Amnistía Internacional en fecha 24 de marzo de 2015 en la ciudad de Madrid.  Dicho informe hace referencia a la falta de voluntad política del Estado venezolano y la alta impunidad relacionada con los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad y grupos armados pro gobiernos, así como torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias cometidas desde febrero de 2014 hasta la presente fecha.

En dicho informe, la Ong hace referencia a las detenciones arbitrarias de Leopoldo López, Christian Holdack, Marcelo Crovato, Rosmit Mantilla y Daniel Ceballos, quien fue detenido arbitrariamente en fecha 19 de marzo de 2014 y enfrentó un juicio por desacato, condenado al cese de sus funcionales como Alcalde y 12 meses de prisión y actualmente enfrenta juicio por rebelión civil y agavillamiento. Es importante resaltar que Ceballos en su detención ha sido sometido a torturas y malos tratos entre otras violaciones de DDHH.

Es de destacar que Amnistía Internacional en las recomendaciones del informe instó a las autoridades venezolanas a “Liberar inmediatamente a las personas detenidas arbitrariamente y asegurarse de que todos los detenidos en espera de juicio, y los procesados que se encuentran en libertad condicional a la espera de un juicio tienen un acceso a un juicio justo en un tiempo razonable.” Y concluye que: “ante la evidente falta de compromiso de las autoridades de acabar con la impunidad que rodea las graves violaciones cometidas hace un año y su falta de compromiso por la protección de los derechos humanos sin discriminación e independientemente de preferencias políticas, los trágicos sucesos que se documentan en este informe corren el riesgo de volver a producirse, en especial en un contexto de creciente descontento social.”

 Para ver el informe completo haga click AQUI

Crónica de un juicio oculto: 25 de marzo de 2015

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Miércoles 25 de marzo de 2015

11:30 am – 1:30 pm

La audiencia comenzó a las 11:30 am, con dos horas de retraso. Asistieron los cuatro (4) estudiantes, Angel González, Demian Martin, Marcos Coello y Christian Holdack con sus respectivas defensas. Leopoldo López no se hizo presente el día de hoy pero su defensa Juan Carlos Gutierrez y Francisco Santana si asistieron.

Para la audiencia estaba previsto la declaración de un funcionario de seguridad del Ministerio Público. En su testimonio, el funcionario dijo haber estado el 12 de febrero de 2014 resguardando instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que vio a Leopoldo López llegar a la Plaza Parque Carabobo caminando, vestido con una camisa blanca, escuchó el discurso de López frente a la sede de la FGR donde se dirigió a la concentración con un megáfono.  Asimismo, el funcionario manifestó que el dirigente político llamó a la calma y a que los manifestantes no cayeran en provocaciones. El testigo vio a otros líderes políticos y estudiantiles incluyendo a la diputada Maria Corina Machado que tenía un documento para la Fiscal Luisa Ortega Diaz quien se negó a bajar a recibir dicho documento. También se refirió al discurso de la líder estudiantil “La Gocha” quien acompañaba a López.

La audiencia terminó a la 1:30 pm.
Continuará el viernes 27 de marzo de 2015.