Artistas visuales en Caracas manifestaron su repudio a la violación de DDHH en Venezuela

El pasado 19 de abril, en la Galería del Centro de Arte El Hatillo, inauguró la exposición Obra abierta. Ejes de libertad, la cual estará abierta al público hasta el próximo 17 de mayo.

En palabras de su curadora, Lorena González I., “la exposición parte de la figura del eje para crear relaciones diversas en torno a un tema que se ha convertido en uno de los puntos más álgidos de los difíciles problemas políticos y sociales que transita nuestro país. La libertad es un derecho civil que ha sido desalojado en nuestro territorio por intereses privativos que manipulan el poder y desvían el correcto desempeño de lo legal, con la intención de silenciar el ejercicio libre del pensamiento y de la opinión crítica como segmento fundamental de la vida democrática”.

En torno a estas inquietudes , la iniciativa “Accion por la Libertad” y “La Ventana” reunieron un grupo de creadores interesados en articular sus piezas desde la libertad y a través de las metáforas que estas relaciones puedan encarnar en el espacio museográfico. La invitación es a generar la mirada reflexiva del espectador, actuando como un eje de transformación que espera movilizar las bases de una libertad extraviada en los oscuros marasmos del desconcierto general que atraviesa la Venezuela. Gonzalez declara: “Con esta exposición no establecemos pautas definitivas pero hacemos y también esperamos. Le hablamos al otro desde lo no dicho y volvemos a rozar esas imágenes que han cerrado los ojos para mirar a lo lejos; decimos y observamos con ellas la posibilidad de un océano más limpio, de esa marea generosa que tal vez retorne algún día, dispuesta a transportar a la metáfora por el cauce sin resacas de la verdad.”

Iván Amaya, Ricardo Báez, Irene Bou, Amalia Caputo, Isabel Cisneros, Pietro Daprano, Diana López, Consuelo Méndez, Emilio Narciso, Cristóbal Ochoa, Érika Ordosgoitti, Rolando Peña, María Virginia Pineda, Lucía Pizzani, Armando Ruiz, Carlos Salazar Lermont y Sandra Vivas son los artistas que forman parte de Obra abierta. Ejes de libertad.

El día de la inauguración, el 19 de abril, cinco de los artistas participantes en la exposición llevaron a cabo una serie de actividades denominadas como “Acciones libres” en la Plaza Bolívar de El Hatillo, con el objetivo de hacer del espacio público un escenario para la reflexión sobre la libertad y, así mismo, un lugar donde compartir perspectivas en torno a la situación actual de la sociedad venezolana. Esta secuencia de acciones configuraron un recorrido por inquietudes y metáforas desde el arte de la performance: juego visual, experiencia física, testimonio efímero, memoria personal y cuerpo colectivo de relaciones en torno a las reflexiones sobre la libertad planteadas en la exhibición.

Obra abierta. Ejes de libertad

La muestra puede visitarse hasta el 17 de mayo, en la Galería del Centro de Arte El Hatillo, de miércoles a domingo, de 11am a 7pm.

Primera subasta de arte a beneficio de Acción por la Libertad

AccionLibertadHenrique Faria Fine Art

 

 

 

A partir del 19 de mayo de 2015 se inaugura la exposición con piezas de 60 artistas reconocidos

Con alrededor de 60 obras donadas por artistas de diversas nacionalidades, se llevará a cabo la primera edición de la subasta de arte a beneficio de Acción por la Libertad.

La exposición de obras que conformarán esta edición estará abierta al público desde el 19 de mayo a partir de las 11:00 am en la galería Henrique Faria Fine Art de Nueva York (Dirección: 35 East 67th Street 4th Floor, entre Madison y Park Avenues) y culminará el 22 de mayo a las 6:00 pm. El horario de apertura al público de la galería es de lunes a viernes de 11:00 am a 6:00 pm.

Las obras podrán adquirirse directamente en la galería, o en cualquier parte del mundo a través de la página web: www.paddle8.com desde el 18 de mayo hasta el 01 de junio del 2015.

La subasta incluye una amplia selección de obras de artistas como Aziz + Cucher, Harry Abend, Karina Aguilera, Alexander Apóstol, Patricia Avellán, Emilia Azcárate, Sergio Barrios, Alessandro Balteo Yazbeck, Valerie Brathwaite, Hayfer Brea, Carola Bravo, Mariana Bunimov, Iván Candeo, Deborah Castillo, Sigfredo Chacón, Emilio Chapela, Isabel Cisneros, Alfredo Cortina, Jaime Davidovich, Diana de Solares, José Gabriel Fernández, Héctor Fuenmayor, Juan Pablo Garza, Anna Bella Geiger, Jaime Gili, Carlos Ginzburg, Mercedes Elena González, Juan Iribarren, Mathias Kessler, Ramsés Larzábal, Suwon Lee, Diana López, Pepé López, Xavier Luján, Ángel Marcano, Leonor Mendoza, Andrés Michelena, Luis Molina-Pantin, Nela Ochoa, Miguel Pons, Nascimento & Lovera, Jorge Pedro Nuñez, Jesús (Bubu) Negrón, Nela Ochoa, María A. Octavio, Juan José Olavarría, Anita Pantin, Lucia Pizzani, Rayma, Luis Roldán, Osvaldo Romberg, Luis Romero, Daniel Santiago Salguero, Pedro Tagliafico, Pedro Terán, Patricia Van Dalen, Andrés Vial, Christian Vinck, Roberto Weil, Yeni & Nan y Horacio Zabala.

El total de los fondos recaudados será destinado al financiamiento de los proyectos de Acción por la Libertad cuyo propósito es promover el respeto de Derechos Humanos en Venezuela. Esta iniciativa documenta y denuncia detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos inhumanos y degradantes a los que son sometidos los ciudadanos que han sido privados ilegalmente de su libertad, los perseguidos políticos y los exiliados. Acción por la Libertad nació a propósito de las detenciones arbitrarias, la represión y la persecución generadas por el gobierno de Venezuela desde febrero 2014. Cabe destacar que algunos de los artistas participantes han sido víctimas de la violación del derecho a la libertad de expresión.

Esta primera subasta de arte, a beneficio de Acción por la Libertad, ha sido posible gracias a la generosidad de todos los artistas participantes y al apoyo de la galería Henrique Faria Fine Art.

Crónica de un juicio oculto: 04 de mayo de 2015

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12:30pm – 3:15pm

La audiencia comenzó alrededor de las 12:30pm, con la presencia de todas las partes. Los acusados: Leopoldo Lopez, y los 4 estudiantes Marco Coello, Christian Holdack, Demian Martin y Angel González, junto a sus respectivas defensas. Participaron los
fiscales Narda Sanabria y Franklin Nieves por el Ministerio Público.

Dirigió el debate la jueza Susana Barreiros. A pesar de ser un audiencia pública, solo le permitieron la entrada a familiares y algunos allegados, ningún periodista ni observador nacional o internacional pudo presenciar la audiencia.

El único testimonio fue del licenciado Carlos Almarza, promovido como experto de investigación de telefonía por la Fiscalía. Es de resaltar, que Almarza es Coordinador de la Unidad Antiextorsión y Secuestro del Ministerio Público.

El funcionario del Ministerio Público inició su declaración diciendo que después de una exhaustiva investigación de las llamadas realizadas desde la manifestación del 12-F 2014, entre Plaza Venezuela y Parque Carabobo que llegaron al teléfono celular que presuntamente usó Leopoldo López, cuyo blackberry pin estaba conectado al correo electrónico leopoldolopez2013@gmail.com y que en otras fechas ese teléfono estuvo en contacto con Carlos Vecchio, entre otros líderes políticos.

En el contrainterrogatorio quedó evidenciado lo inverosímil de la declaración del testigo,que el 12-F no se emitieron llamadas desde el dispositivo referido por Almarza, y tampoco desde ese número de teléfono se emitieron llamadas a los estudiantes imputados, por lo que es una prueba contundente de que no hubo asociación para delinquir.

La próxima audiencia está pautada para el miércoles 6 de mayo de 2015 a las 9 am.

Crónica de un juicio oculto: 20 de abril de 2015

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Lunes 20 de abril de 2015
11:30 am – 1:10 pm

Asistieron Leopoldo López, los cuatro (4) estudiantes: Angel González, Demian Martin, Marcos Coello y Christian Holdack con sus respectivas defensas; los fiscales Narda Sanabria y Franklin Nieves, y familiares de los acusados.

La Fiscalía  presentó como testigos a tres detectives del CICPC que presenciaron la protesta el 12 de febrero del 2014.  Los testigos repitieron testimonios similares a los escuchados por otros funcionarios del CICPC: que el día de la manifestación estudiantil estaban en la sede del CICPC, que recibieron una llamada radiofónica y acudieron a resguardar el edificio de la Fiscalía. El tercer testigo dijo que vio cuando otros funcionarios detuvieron a algunos manifestantes, pero no vio la causa de la aprehensión.

Luego de los testimonios y los interrogatorios,  Leopoldo López pidió la palabra como su derecho a la defensa. Comenzó su intervención haciendo un recuento de las recientes declaraciones internacionales que defienden la democracia en Venezuela, denuncian la persecución  judicial contra los disidentes, y exigen la liberación de los presos políticos. Primero, hizo referencia a la “Declaración de Panamá  sobre Venezuela” suscrita el 9 de abril de 2015 por 26 Ex Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco de la VII Cumbre de las  Américas. Asimismo, López hizo referencia a las declaraciones de los Senados de  Chile  y Colombia, y al Congreso de España. Dijo que estas declaraciones representan que,  diversas tendencias políticas, defienden el Estado de Derecho, el pluralismo político, condenan las violaciones de DDHH en Venezuela y exigen la liberación de los presos políticos.

En segundo lugar, Leopoldo López le informó a la jueza Susana Barreiros que el líder socialista, Felipe González ha manifestado públicamente su intención de unirse a su defensa en este proceso judicial y  le solicitó a la jueza que acepte la participación del Dr. González en carácter de asistencia técnica. López le recordó a los presentes, que Felipe González participó en la defensa de presos políticos durante la dictadura de Pinochet en Chile.

Seguidamente, López se dirigió  a la audiencia manifestando su preocupación ante la crisis política, económica y social que atraviesa el país, la cual se ha deteriorado profundamente desde las protestas del 2014. Se refirió a la manifestación del día de hoy de los policías en Caracas, quienes exigen seguridad, ya que la semana pasada 8 policías fueron asesinados en la capital. También se refirió a los escándalos internacionales sobre la corrupción en Venezuela, y como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no han realizado investigaciones sobre esta situación. En este momento, la Fiscal Narda Sanabria interrumpió bruscamente a Leopoldo, objetando su declaración ya que asegura que no está relacionada a los hechos del 12 de febrero de 2014. El abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, manifestó que la declaración  si está relacionada a los hechos, ya que López es acusado por denunciar al gobierno de ineficiente, represor y corrupto. La jueza Barreiros aceptó la objeción de la Fiscal Sanabria, evidenciando que quieren callar al líder político en la calle y en el juicio.

López dijo que no lo podrán callar, que el seguirá denunciando a este gobierno ineficiente y corrupto, y recordó que el está siendo juzgado por su discurso, por sus palabras en un juicio oculto, sin periodistas, sin observadores y concluyó que cada día tiene mas fuerza espiritual y moral para continuar luchando para que se logre el cambio y se restituya la democracia en Venezuela.

Congreso de España pide liberación inmediata de presos políticos en Venezuela

REDACCION I Acción por la Libertad

15 de abril de 2015

Luego de un intenso debate entre los partidos que hacen vida en el Congreso de los Diputados de España, se aprobó, el día martes 14 de abril de 2015, una proposición no de ley donde se “insta al Gobierno a que tome todas las iniciativas pertinentes -ante la comunidad internacional, en el marco de la Unión Europea, en los organismos internacionales en los que España tiene representación y ante el propio Gobierno de Nicolás Maduro- para lograr la liberación inmediata del líder de Voluntad Popular Leopoldo López, del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y de los demás opositores, estudiantes y manifestantes arbitrariamente encarcelados en Venezuela en el contexto de las protestas pacíficas iniciadas en enero de 2014”.

La iniciativa hace mención a pronunciamientos realizados por diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que califican de detención arbitraria e ilegal las detenciones realizadas a dirigentes opositores, así como los pronunciamientos emitidos por el Parlamento Europeo, Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Club de Madrid y gobierno de los Estados Unidos de América.

Asimismo, también resalta que “ningún tribunal ha podido avalar las acusaciones presentadas contra Leopoldo López. Además, su juicio ha sufrido múltiples aplazamientos y desde diferentes instancias internacionales se ha transmitido la necesidad de que Leopoldo López sea puesto en libertad y que el proceso evite irregularidades y arbitrariedades.”

La diputada del Partido Popular (PP) Cayetana Álvarez de Toledo quien fue la encargada de emitir el discurso de orden, manifestó que: “Venezuela no es una democracia populista, ni híbrida ni formal, sino una dictadura, y que defender la democracia venezolana es defender la española como así lo han entendido los ex presidentes José María Aznar y Felipe González en la declaración que han impulsado en apoyo a los opositores.”

La iniciativa pactada entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a través de su diputado Juan Moscoso, contó el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Catalán (CiU) y el centristas (UPyD), mientras que el partido Izquierda Plural, Amaiur (vasco), ERC (catalán) y BNG (gallego) la rechazaron.

Fueron invitados a la sesión, activistas de Voluntad Popular y Primero Justicia, quienes hicieron acto de presencia ante importante apoyo del Congreso de los Diputados de España a los presos políticos venezolanos.

Declaración de Panamá sobre Venezuela de los ex Jefes de Estado y de Gobierno

Ciudad de Panamá

Quienes suscribimos el presente documento, ex Jefes de Gobierno y de Estado Iberoamericanos, invitados por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y preocupados por el curso que toma la grave alteración institucional, política, económica y social que afecta sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos, hacemos constar lo siguiente:

La democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la solidaridad entre los Estados, consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares, tal y como consta en la Declaración de Santiago de Chile adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1959, luego ampliada y desarrollada por la Carta Democrática Interamericana de 2001.

No obstante ello, el gobierno de Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos y sostiene una política de no reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos dictados por los órganos internacionales e interamericanos de tutela de derechos humanos, afectando gravemente el derecho al amparo internacional de derechos que consagra la Constitución de dicho Estado en beneficio de todas las personas.

En lo particular, es manifiesta la ausencia de independencia de la Justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia de grupos para estatales armados y de apoyo al mismo gobierno, y el ambiente de total impunidad, a cuyo efecto se le exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre otros del dirigente democrático Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.

Sucesivamente, funcionarios de la policía política, sin rostros visibles, sin mediación judicial ni procedimiento de investigación previo, apresan por la fuerza al Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien es la segunda autoridad civil de elección popular más importante en la capital de Venezuela, y hoy se le mantiene recluido junto a otros presos políticos, en una prisión militar; hecho que, siendo atentatorio del ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, lo anuncia y celebra el Presidente de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión – imponiendo previamente un black out informativo sobre la actuación arbitraria e ilegítima de sus funcionarios – acusando luego a Ledezma de suscribir junto al preso político Leopoldo López y la diputada María Corina Machado una opinión política en la que afirman el carácter antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro y señalan las vías constitucionales que, a juicio de éstos, permitirían superar de conjunto la crisis venezolana.

Rige en Venezuela, además, una hegemonía comunicacional de Estado, decidida por el mismo gobierno desde noviembre de 2004 en su documento La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana. Al efecto, se han dictado leyes de control de contenidos de la información y para el incremento de las sanciones penales por delitos de desacato, promoviéndose la censura y la autocensura de la prensa. La violencia contra periodistas, columnistas y twitteros tiene carácter sistemático y se les criminaliza. Han sido cerrados medios de comunicación social independientes, sea por decisión oficial o propia, por falta de insumos o papel periódico cuya importación controla el Estado, tanto como se han suspendido las señales de medios extranjeros o han expulsado a sus periodistas del territorio nacional.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, en su Informe de 2013 da cuenta, por una parte, que “en Venezuela se ha producido un proceso de reformas estructurales del marco jurídico y de aplicación de políticas públicas que han debilitado las garantías del derecho a la libertad de expresión en el país” y, por la otra, hay un “uso persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios públicos para descalificar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden información contraria a los intereses del Gobierno venezolano”.

Desde 2009 la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos “considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela”.

Dentro de dicho contexto, en medio de la aguda crisis venezolana mencionada, signada por la persecución y judicialización de la oposición democrática, el gobierno se ha hecho ahora de una “ley habilitante” a fin de legislar por vía de decretos ejecutivos sobre todas las materias del orden constitucional y para establecer sanciones, incluidas las penales, arguyendo la inminencia de un conflicto internacional e interior, y obviando la necesaria declaratoria – si fuese el caso – de un estado de emergencia que le obligaría someterse al control judicial y su observación por los organismos internacionales de derechos humanos.

Por lo mismo, cabe observar que sin la efectiva vigencia de un sistema de separación e independencia de los poderes públicos, que permita el control de los mismos, ninguno de los componentes esenciales de la democracia a los que alude la misma Carta Democrática Interamericana pueden llegar a tener verdadera

aplicación en Venezuela; es decir, no puede haber posibilidad real de exigir y controlar la transparencia y probidad de las actividades gubernamentales, y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; no hay forma de garantizar el efectivo respeto de los derechos sociales ni la libertad de expresión y de prensa; no se puede asegurar la subordinación de todas las autoridades del Estado, incluyendo la militar, a las instituciones civiles del Estado; en definitiva, no se puede asegurar el respeto al Estado de derecho.

La alteración constitucional y democrática que sufre Venezuela se profundiza, asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por una parte, de los señalamientos y evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre actos de corrupción y lavado de dineros agravados que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos y, por otra parte, al constatarse el derrumbe de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de los precios del crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de políticas públicas propias de una economía sana y moderna, que ha contribuido al señalado clima de corrupción y la dilapidación gubernamental de la riqueza nacional.

Ello ha generado una serie de problemas y desbalances en la economía venezolana, que van más allá de la caída internacional de los precios del petróleo y se han profundizado notablemente durante los últimos años. Éstos y aquéllos se presentan en los ámbitos fiscales, monetarios, financieros, cambiarios, petroleros y reales, dando lugar a una recesión muy profunda en el país y a una galopante inflación que mina la capacidad de compra y los ingresos familiares, acentúa la pobreza, genera desempleo y deteriora la calidad de vida de la población, particularmente la de aquellos que menos tienen.

Un gasto gubernamental desbocado y desordenado que cada vez se distancia más de sus ingresos, ha generado enormes y crecientes déficits, que hoy ya alcanzan niveles equivalentes a cerca de 20% del PIB. Eso no solo ha hecho que la deuda pública se incremente notablemente, particularmente la interna, sino también que el gobierno haya forzado al Banco Central de Venezuela (BCV) a financiar buena parte de esa brecha a través de la creación masiva de dinero sin respaldo que, a su vez, se ha traducido en un crecimiento dislocado de la oferta monetaria.

Así las cosas, cuando los consumidores acuden a los mercados o farmacias no encuentran los productos que buscan, pues la oferta se restringe cada vez con mayor intensidad, debido a:

  • la hostilidad gubernamental a las pocas empresas privadas que subsisten a las ya expropiadas o confiscadas en procura de una economía de Estado;
  • la imposición de restricciones de todo tipo a productores y comercializadores, entre ellas controles desmedidos de precios sin tomar en consideración el comportamiento de los costos, condenando a muchos a trabajar a pérdida;
  • los muy limitados accesos a las divisas dentro de una economía que poco produce y casi todo lo importa, acumulándose deudas con los proveedores externos;
  • la ineficacia creciente de las empresas públicas, muchas de ellas expropiadas o expoliadas al sector privado, que al pasar a manos del Estado producen mucho menos que antes.

    En consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con nuestra palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociaciones que permitan abrirle senderos a una solución no violenta a la mencionada crisis, nos permitimos alertar sobre ello a los gobiernos de nuestros países y a la Cumbre de las Américas, así como expresar nuestro parecer en los términos siguientes:

    1. a)  La severa crisis democrática e institucional, económica y social que afecta a Venezuela y a todos los venezolanos no admite sino soluciones negociadas y sería irresponsable y hasta criminal reducirla o desfigurarla, en su origen y efectos, a una suerte de confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el llamado imperialismo norteamericano, o atribuirla a la mera caída de los ingresos petroleros.
    2. b)  Venezuela, a corto plazo y dentro del complejo ambiente que la afecta, signado por la persecución política de los opositores y la ausencia separación de poderes como de balances institucionales, vivirá un proceso electoral para la renovación de los representantes de la soberanía popular en la Asamblea Nacional; dado lo cual, sólo una observación internacional autorizada, imparcial, y técnicamente calificada, que acepte el Poder Electoral actualmente bajo control de militantes gubernamentales, podrá contribuir con la existencia de garantías para el debate político libre y el carácter justo, equitativo y transparente de los comicios planteados.
    3. c)  La corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes en Venezuela se logrará a través de la implementación de un amplio y complejo plan de ajuste, que incluye múltiples componentes como la racionalización del gasto gubernamental, la eliminación del financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central de Venezuela, la ampliación y diversificación de la producción interna; el estímulo y promoción de la inversión reproductiva; la desregulación de la economía. Pero su implementación, de suyo difícil y orientada a corregir los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes, puede generar efectos inmediatos que golpearían a toda la población, pero en especial al segmento de más bajos ingresos. Y ello reclamará la existencia de un liderazgo capaz de producir consensos democráticos, movilizar y asegurar un amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades.
    4. d)  La corrección de los severos desequilibrios que hoy se padecen en Venezuela exige un cambio radical en el manejo de la cuestión económica, un giro en su modelo político y económico, que tiene que hacerse dentro de un contexto de mucha amplitud. A su vez, tiene que responder a un esfuerzo que ayude a crear las condiciones que aseguren el éxito en la implementación ulterior de un plan de desarrollo sustentable de largo alcance; que busque no solo el progreso sostenido en lo económico, sino también la consecución de los objetivos de desarrollo permanente en materia política, institucional, social, ambiental, tecnológica, científica, cultural y de renovación ética. Solo así podrá salir Venezuela del atolladero que la atenaza, y logrará alcanzar el desarrollo y el progreso sustentable al que tiene derecho y deben aspirar todos los venezolanos, sin distinciones de ningún género.

En suma y como desiderata cabe concluir que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela y de una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las garantías democráticas representativa y participativa establecidas en la Constitución, de manera de asegurar su independencia y autonomía, comenzando por el Poder Electoral y a fin de que puedan asegurarse con imparcialidad, el desarrollo de elecciones libres y justas.

Así lo refrendamos, en el día de hoy, nueve de abril de dos mil quince.

Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá Belisario Betancur, Colombia Armando Calderón Sol, El Salvador Felipe Calderón, México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica Laura Chinchilla, Costa Rica Alfredo Cristiani, El Salvador Eduardo Duhalde, Argentina Vicente Fox, México
Felipe González, España
Lucio Gutiérrez, Ecuador
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto Lacalle, Uruguay
Luis Alberto Monge, Costa Rica Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia Sebastián Piñera, Chile
Jorge Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica Julio María Sanguinetti, Uruguay Alejandro Toledo, Perú
Álvaro Uribe, Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Es auténtico:
José María Aznar

Andrés Pastrana